La educación es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, así lo afirma la Constitución española de 1978. Sin embargo, las escuelas públicas encuentran reducida su capacidad de actuación para proporcionar el derecho a una educación digna y de calidad debido a los recortes de presupuestos, medios, materiales y recursos que se vienen realizando en nuestra sociedad española.

Al respecto, este verano pasado recibí en la puerta de mi casa un cartel que decía: ¿qué vas a hacer?

- Si este año tus hijos no tienen desdobles de lengua, matemáticas o inglés y por ello bajan sus notas o repiten

- Si a tus hijos les da una asignatura un profesor que no es especialista en la materia

- Si no mandan sustitutos cuando sus profesores estén de baja

- Si tus hijos pueden estar sin vigilancia porque no haya profesores de guardia suficientes que se encarguen de ellos

- Si ya no tienen la opción de elegir como optativa francés

- Si en Bachillerato ya no pueden elegir las mismas opciones que antes con lo que se restringe su acceso a determinadas carreras

- Si la clase de tu hijo este año no va a tener una hora de tutoría donde se le apoye y oriente

- Si ya no reciben apoyos los chicos con necesidades especiales.

Al leer esto, me dije, la enseñanza pública futura corre un gran peligro si todos los ciudadanos españoles, preferentemente aquellos implicados en la educación, no aunemos fuerzas a favor de la escuela pública hasta inquietar a los políticos para emprender planes y acciones educativas a dicho favor.  Así mismo, también me preguntaba que iba a ser de nuestros alumnos, qué oportunidades educativas iban a tener en su ámbito académico.

En cambio, a pie de página de ese mismo cartel decía: los colegios privados concertados no se han visto afectados por estas medidas y los padres que libremente deciden llevar a sus hijos a esos centros privados o concertados reciben ayudas económicas.

Tras este panorama, yo me pregunto ¿qué pasa con aquel alumno que no tiene el capital económico suficiente para acudir a un colegio privado concertado y que además tiene escasas posibilidades de recibir una enseñanza pública adecuada  en vista de la situación de recortes que tenemos actualmente? Me parece frustrante que las familias que deciden llevar a sus hijos a centros privados o concentrados reciban subvenciones y ayudas, ya que se supone que lo hace libremente y porque dispone de los medios necesarios para mantener a su hijo/a en dicha escuela. Y la escuela pública ¿qué ayudas, subvenciones económicas y apoyo político recibe?, al contrario, todo lo que recibe son limitaciones y restricciones para desempeñar su labor adecuadamente.

En definitiva, no es justo que se prime la creación de escuelas privadas concertadas frente a las públicas y que las nuevas demandas de escolarización se atiendan mediante la creación de centros privados en su mayor parte. Con ello, estamos faltando a la igualdad de oportunidades y al modelo de una escuela democrática, donde se debería dar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades y hacer desaparecer los obstáculos para el acceso a una enseñanza pública.