En mayo de 2013 20 profesores de varias universidades y sensibilidades políticas iniciaron una reflexión sobre la necesidad de revisar nuestra Constitución. el resultado se ha presentado, en forma de libro, en la Facultad de Derecho de la UCM.
Javier García Roca, editor de la obra Pautas para una reforma constitucional, se alzó en portavoz de sus compañeros pronunciando la conclusión a la que todos han llegado: "La reforma es urgente, pero no se puede hacer a la carrera, sino con un ritmo sosegado que sea garantía de la eficiencia".
Frente a las ideas de algunos políticos que piensan que la Constitución es un documento inamovible, los veinte expertos consideran que "la reforma es una obligación desde el principio, y es algo implícito en cualquier constitución aunque nunca haya ocurrido en España". Recordó García Roca que mientras aquí sólo ha habido dos modificaciones en más de treinta años, en Alemania en ese mismo periodo ha habido cientos de cambios. Eso sí, también señaló que la reforma de la Constitución es una "decisión política y sólo pueden hacerla los políticos". Ahora bien, "si se hace con la opinión de los expertos será más fácil que se acierte en lo que hay que cambiar y en cómo hacerlo".
Puntos fundamentales
Dejando claro que el libro presentado permite que el lector llegue a sus conclusiones propias a partir de los debates de los expertos, García Roca señaló algunos de los muchos puntos que habría que modificar en la Constitución española.
Entre estos cambios está el incluir a la Unión Europea y a su legislación, que por supuesto no existían cuando se escribió la carta magna. Habría que cambiar, además, el sistema electoral del Congreso, la representación regional, el orden sucesorio de la corona, el Tribunal Constitucional, la financiación de las comunidades autónomas y, entre otras cosas, el propio procedimiento de reforma constitucional.
En el artículo 10.2 de la Constitución, que hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la que se interpretan los derechos fundamentales y las libertades, los expertos consideran que debería incluirse también el Convenio Europeo de Derechos Humanos que entró en vigor en 2010. Así aparecerían en la Constitución derechos tales como la salud, la seguridad social y otros como la vida privada y familiar.
Congreso y senado
Una petición popular es mejorar la representación política en el Congreso. Los expertos concluyen que hay que modificar la proporcionalidad porque la sociedad española es muy heterogénea y además cambiar las listas electorales para que se puedan elegir a personas y no solo a partidos.
También recomienda el libro la modificación del Senado para que se convierta en una auténtica cámara de concertación y participación de las comunidades autónomas, especializada en un tipo de leyes concretas.
Otros temas que requieren una modificación son la potestad de indulto "para impedir el abuso"; reformar el reglamento de las cámaras que es de los años 70; cambiar que sólo las mayorías puedan crear una comisión de investigación; eliminar o modificar los decretos ley para que no se puedan usar, "como ha hecho el PP aprovechando la crisis", de un modo autoritario; fomentar la democracia participativa, allí donde sea posible; clarificar las competencias autonómicas y alcanzar pactos financieros y lingüísticos, y dejar clara la solidaridad financiera entre comunidades, "aunque limitándola para que no se pida más allá de lo razonable".
El catedrático de Derecho Español Tomás Ramón Fernández, participó también en la presentación del libro, al que definió como un "trabajo serio, sereno y modesto". Reconoció que este informe "renuncia al dogmatismo ofreciendo soluciones y alternativas para que otros tomen a su vez decisiones razonadas".
Consideró el catedrático que el consenso de 1978 se ha agotado y hay que generar uno nuevo en torno a un proyecto que atienda a los problemas fundamentales de España. Según él no es necesario reformarlo todo a la vez, sino que lo más importante "e inexcusable" es reformar el título 8º sobre la organización territorial del Estado. Aseguró que "es fundamental regular la relación entre el Estado y sus partes porque es un hueco que se ha ido llenando, más mal que bien, por la praxis política y con un grado de eficacia mínima".
