La Facultad de Derecho acoge el 12 y 13 de diciembre el I Congreso Anual del Observatorio de Contratación Pública, dedicado en esta ocasión a debatir la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor en marzo del próximo año. Como explica el codirector del congreso, el catedrático complutense de Derecho Administrativo Julio González, se trata de una ley "largamente esperada", pero a la que ya se ven carencias y aspectos negativos. "Como se diría en la terminología académica, es manifiestamente mejorable, pero es la ley que va a regir todo el funcionamiento de la contratación en todas las administraciones públicas de España, seguramente durante los próximos diez años, y hay que tener en cuenta que aproximadamente el 20 % del PIB se genera a través de contratos del sector público", reflexiona González.
A la inauguración del congreso asistieron el rector Carlos Andradas y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Mario Garcés. Según subrayaron ambos, la nueva ley tiene aspectos muy positivos como la inclusión de cláusulas sociales, en especial las que incluyen, según indicó Garcés, "todas" las demandas del colectivo de personas con discapacidad, y también medioambientales. Entre otras medidas, la ley exige que todas las empresas con más de 50 empleados que contraten con la administración tengan al menos un 3 por ciento de su plantilla ocupado con personas con algún tipo de discapacidad.
Para el rector Andradas, junto a este loable objetivo social u otros ligados a aspectos medioambientales, la nueva ley, no obstante, tiene un problema de fondo y es que es muy difícil regular en un único texto la gran variedad de circunstancias que rodean las necesidades de contratación de las distintas administraciones públicas. Por ejemplo, según señaló Andradas, los proyectos de investigación que se gestionan desde las universidades, y que en muchos casos no superan unos pocos miles de euros, no parece lógico que tengan que seguir los mismos patrones que la contratación de una gran obra de infraestructura promovida por el Estado. "Creo que se debería hacer el esfuerzo de reflexionar y ver que una única ley de contratos no puede servir para todo, y que a veces se necesitan herramientas más ágiles, flexibles, basadas en la confianza y, por supuesto, en la rendición de cuentas", concluyó el rector complutense.
Esta crítica del rector no es la única que recibe la nueva ley. Para Julio González, la norma tiene aspectos "muy negativos. Hay cosas que podrían haberse regulado de otra forma, como explico en un artículo de mi blog. Para empezar, ya tiene un defecto muy considerable y es que la ley ocupa 400 páginas. Es un problema de hiperregulación muy considerable, que dificulta el entendimiento, es farragosa, tiene contradicciones entre diversas partes de su articulado...".
El Congreso está organizado por el Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la UCM, que dirige el propio Julio González, y por el Observatorio de Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza, que dirige el también catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno, codirector junto a González del congreso. La intención, como destaca Gimeno, es "reflexionar y analizar los aspectos más importantes de una ley que es compleja" y que en marzo ya estará en vigor, lo que supone un esfuerzo a las administraciones para adaptarse a ella en tan breve plazo de tiempo. El congreso reúne a expertos del mundo académico de diferentes universidades españolas, así como representantes de distintas administraciones, organizaciones y firmas de abogados. "Queremos -apunta Julio González- que sea un debate, en el que todos, no sólo quienes se sienten ante la mesa, puedan aportar". Entre otros aspectos, se debatirán temas como la transparencia, simplificación, implementación tecnológica o acción política a través de la contratación pública.
