Cumplimos el cuarto año de una crisis económica y financiera considerada por muchos como la más profunda y severa de la era moderna. A lo largo de este tiempo los gobiernos de los países afectados y los organismos internacionales con responsabilidades en la economía internacional han ido adoptando medidas al ritmo que le marcaban los acontecimientos y, en la mayoría de los casos, obligados por ese nuevo fenómeno conocido como "los mercados". Lo que empezó con políticas de apoyo al sistema bancario y a la reactivación de la economía ha derivado en políticas restrictivas que han puesto en cuestión no solamente el orden económico internacional, sino las condiciones de convivencia al alterar sistemas tan sensibles como el sanitario y el educativo.
En los últimos meses se han ido acumulando iniciativas que dibujan un panorama inquietante. La gestión de la cosa pública bajo el prisma de lo económico nos ha llevado a situaciones tan arriesgadas como la elección de nuevos gobernantes no surgidos de las urnas. El estado de extrema necesidad al que nos han llevado nos impide reaccionar y aceptamos el reto. Y, a partir de ahí, nos van colocando un torrente de medidas restrictivas del gasto público, convertido ahora en el responsable de todos los males que nos aquejan.
En este panorama no cabe sino preguntarse: ¿hacia dónde vamos? Vivimos tiempos en los que lo único que tenemos son respuestas. Las preguntas no están permitidas. De ahí que aprovechemos este editorial, que arranca con un interrogante, para dejar planteadas varias cuestiones. ¿No nos sorprende que durante el año 2011 -según cifras del INE- 62.611 españoles, la mayoría con títulos universitarios, hayan emigrado, algo que no ocurría desde hacía 30 años?
¿Estamos formando profesionales cualificados para cubrir las necesidades del mercado alemán, francés, norteamericano...? El sistema universitario público español tiene un nivel equiparable al de las mejores universidades de nuestro entorno. Entonces, ¿qué razones hay detrás de ese argumento que se pasea con insistencia por algunos medios de comunicación aseverando que hay demasiadas universidades en España? Precisemos: ¿demasiadas universidades públicas o privadas? Por lo que vamos conociendo respecto a la reforma educativa del nuevo Gobierno español, en lo que se refiere al ámbito universitario, todo apunta al modelo de financiación y, por ende, de gestión. A principios de este mes de febrero un comunicado de la CRUMA, aunque referido a otra cuestión, ponía límites a cualquier intromisión en la autonomía de la Universidad al señalar: "mostramos nuestro desacuerdo con cualquier actuación que vaya en menoscabo del gobierno, la gestión y la calidad docente de las Universidades Públicas de Madrid, en la atención a los estudiantes y en su vocación de servicio público".
Nos movemos por percepciones. Hoy la percepción general se inclina hacia el pesimismo. Solamente es necesario un breve repaso a los periódicos, unos minutos delante del televisor, una somera atención a las encuestas de opinión o los debates parlamentarios para darnos cuenta de las escasas posibilidades que tenemos para construir algo juntos. Una vez más cabe preguntarse: ¿hacia dónde vamos?
