"Rechazos en frontera": ¿Frontera sin derechos? es el título del informe jurídico que se ha elaborado desde el ProyectoI+D+i IUSMIGRANTE. El presente trabajo refuerza el resultado del informe que este grupo de juristas de toda España presentó en 2014 con el título "Expulsiones en caliente": cuando el Estado actúa al margen de la ley.

Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Proyecto I+D+i Iusmigrante, explica que el informe "Rechazos en frontera": ¿Frontera sin derechos? es un trabajo jurídico, pero "también un proyecto de ética social, porque el Derecho no debería prescindir de la ética".
Desde esta perspectiva jurídico-ética abordan una realidad, que son las "devoluciones en caliente". Con este nombre se conoce a la actuación que se viene produciendo desde hace tiempo en Ceuta y Melilla, que consiste en que la "guardia civil, cuando intercepta a algún inmigrante intentando entrar irregularmente, pero ya en territorio de soberanía nacional, lo devuelve por la fuerza a las autoridades marroquíes, en concreto a sus fuerzas auxiliares". Según Martínez Escamilla, "lo que caracteriza a estas actuaciones es que se realizan al margen de cualquier procedimiento establecido legalmente".

Al margen de la ley
En 2014 presentaron ya un informe sobre este tema titulado "Expulsiones en caliente": Cuando el Estado actúa al margen de la ley. En él explicaron que la legislación de extranjería establece unos procedimientos, que no se cumplen, para que el Estado español pueda entregar a otro Estado a personas que se encuentran dentro del territorio nacional.
Las "devoluciones en caliente" no son algo nuevo. De hecho, en 2005 el Defensor del Pueblo en su informe anual denunciaba ya la ilegalidad de estas prácticas, así que "hay una constancia de su existencia desde aquellos años, lo que ocurre es que a raíz de las muertes del Tarajal, en febrero de 2014, hay un cambio cualitativo en la postura del Ministerio del Interior".

Huida hacia adelante
En lugar de reconocer la ilegalidad de los hechos, el Ministerio inicia una "especie de huida hacia adelante que en un primer momento consiste en tratar de justificar esas prácticas, diciendo que son acordes a la legislación de extranjería". El gobierno empieza entonces a utilizar justificaciones sin fundamento jurídico como son el "concepto operativo de frontera". Con esa terminología lo que quiere decir es que "a efectos de la Ley de Extranjería, la frontera no empieza donde realmente empieza la frontera, sino que lo hace una vez que se traspasa el cordón formado por la guardia civil".
Eso se aplicaría en casos como una playa y en el caso de la valla se dice que no están en territorio nacional hasta que no han sobrepasado la última de las tres vallas que hay instaladas en Melilla. "Cuando realmente toda la valla está construida sobre territorio nacional", apunta la catedrática de Derecho Penal.
De acuerdo con ella, este argumento carece de "fundamento jurídico porque dónde empieza y termina el territorio nacional se fija por tratados internacionales que establecen los límites y no se pueden marcar por conceptos operativos y a efectos de la Ley de Extranjería".
En el primer informe ya se puso de manifiesto la ilegalidad de esas prácticas, y también que podían ser incluso delicticas. El Ministerio del Interior, no obstante, "ha intentado darles cobertura, reformando la legislación de extranjería para hacer legal lo que no puede serlo porque además vulnera el derecho comunitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos".

Críticas
Ese intento de crear una legislación específica para los casos de Ceuta y Melilla concitó críticas tanto a nivel nacional como internacional "por parte de organismos competentes en materia de derechos humanos, como ACNUR y el Consejo de Europa".
Esas críticas llevaron al grupo parlamentario popular a reaccionar introduciendo una cláusula en la ley cuando ya estaba en el Senado. En ella se dice que los rechazos en frontera se llevarán a cabo observando la normativa internacional en materia de derechos humanos y de asilo.
Por lo tanto, incluso con esta nueva regulación, las prácticas que se llevan a cabo en Ceuta y Melilla siguen siendo inviables, porque "según el propio texto cualquier actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene que respetar los derechos fundamentales". A pesar de esa evidencia, se ha generado la impresión de que la nueva regulación da cobertura a las "devoluciones en caliente", ya que "esa era realmente la intención del Gobierno".
Aclara la catedrática que lo que se pide con el segundo informe es que a las personas que entren en territorio nacional se les respeten unos derechos mínimos, "no que todo el mundo tenga derecho a quedarse, pero sí que antes de devolverles tengan una posibilidad de que expliquen su situación para ver si tienen derecho a quedarse o no, según la normativa internacional".