El jurista Baltasar Garzón ha inaugurado el curso "Espacio público, memoria histórica y Derechos Humanos", que se celebra en el salón de actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Rosa Falcón, en representación de los Cursos de Verano de la Complutense, consideró que este es un seminario "necesario e imprescindible" y que este año se celebra en "un marco muy apropiado para hablar sobre la memoria".

Garzón comenzó su conferencia asegurando que "en los casos en los que más víctimas existen, cuando son universales, como los crímenes masivos, es cuando menos respeto se tiene a los derechos de esas víctimas". Según el jurista esto no sólo ocurre en nuestro país, sino que es una característica propia de casi todas las administraciones, que prefieren dejar pasar el tiempo para que los problemas se diluyan.

Frente a eso, Garzón apuesta por mirar de frente lo que ocurrió, algo que sólo ha pasado en algunos casos excepcionales, "que ayudan a mantener la esperanza", como las sentencias contra Hissenè Habré, el dictador del Chad, y contra los miembros de la Operación Cóndor de Argentina.

Por desgracia, lo contrario es la norma. De acuerdo con Baltasar Garzón, cuando en España las víctimas de la dictadura franquista iniciaron las denuncias y las querellas por los crímenes de ese régimen dictatorial entre los años 2006 y 2008, "se alzó la voz en contra de esas víctimas". Una posible explicación de por qué ocurre eso es que "la justicia, como institución, forma parte de un sistema donde no hay mecanismos de reacción contra ese propio sistema".

El resultado es que se niega la evidencia y la existencia de esos crímenes, así como la posibilidad de denunciarlos y ni siquiera se reconoce el franquismo como un sistema a través del cual "se negaban de manera sistemática los Derechos Humanos a todos los que no estaban en la línea oficial". De hecho, según Garzón, la dictadura se dulcifica y los casos se cierran cuando se ataca a la doctrina oficial de que "todo está superado y nada debe ser removido".

Hay casos más recientes de negación de la realidad, como el que concierne al informe Chilcot realizado en Gran Bretaña sobre la guerra de Irak. En ese exhaustivo estudio se demuestra que hay 250.000 vidas que no deberían haberse perdido porque la acción militar en aquel momento no era necesaria. Según Garzón, cuando le han preguntado a Mariano Rajoy por ese informe ha afirmado que eso "ocurrió hace 13 años y que no tiene sentido que le pregunten". Un ejercicio de "cinismo" que se acepta por los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que Rajoy era vicepresidente de aquel gobierno que nos llevó a la guerra.

Otros, como Federico Trillo, ministro de Defensa en aquel momento, han ido más allá, afirmado que España nunca fue a la guerra ni estuvo en Irak. Garzón critica la respuesta, diciendo que se lo preguntan a las familias de los militares españoles que fallecieron allí. El cinismo fue además más grave porque "el clamor de la población española fue casi unánime en contra de la guerra y el desprecio del PP fue paradigmático".

Un desprecio que se ha visto también en el caso de Rita Barberá y la ley de Memoria Histórica. Recuerda Garzón que se abrió una causa contra la política valenciana por no cumplir dicha ley, pero que el Tribunal Supremo la ha cerrado a principios de julio de 2016 porque Barberá no "tenía que cumplir esa ley porque nadie le dio orden expresa de cumplirla". El jurista considera que esa decisión del TS es un ejemplo más del desprecio institucional hacia las víctimas.

Los diferentes comités de la ONU han llamado la atención, en repetidas ocasiones, sobre la situación en España, pero los diferentes gobiernos se escudan en que las opiniones de esos comités no son vinculantes para seguir desprotegiendo a las víctimas. Incluso en casos como el de la jurisdicción universal, nuestro país ha optado por minimizarla para primar los "intereses económicos, políticos y diplomáticos sobre los derechos de las víctimas".

Para Garzón es fundamental que las instituciones internacionales exijan a España el cumplimiento de sus compromisos, "que se cumpla el derecho a la verdad, porque es una cuestión de dignidad como pueblo y hacia las víctimas, que ni siquiera han sido reparadas simbólicamente". De acuerdo con el jurista, "el mayor acto de justicia sería que el Estado se encargara de esa reparación".