La Unión Iberoamericana de Universidades y las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica han organizado el Congreso Internacional "La protección de los derechos sociales en tiempos de crisis", que se celebra del 17 al 19 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. La inauguración -que tuvo lugar en la recién remodelada aula magna de la Facultad- contó con las intervenciones del rector Carlos Andradas; del decano de Derecho, Ricardo Alonso; del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. Para todos ellos la protección de derechos como a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo o el acceso a la cultura, es decir a los derechos sociales, no debería depender tanto de la situación económica del momento, como en realidad sucede en la mayor parte de los casos, sino gozar de una más efectiva protección y garantía.

La Unión Iberoamericana de Universidades, como recordó el rector Carlos Andradas, fue fundada por las universidades de Buenos Aires, Nacional Autónoma de México, Sao Paulo, Barcelona y Complutense de Madrid, hace cerca de un año, en concreto el 23 de junio de 2016, con la intención de promover la investigación conjunta en los más diversos campos y, a la vez, dotarse de una voz común en el ámbito internacional. "Es decir, nacimos con vocación de ser un grupo generador de opinión, lo que en términos actuales se denomina un influencer", señaló el rector en presencia de sus homólogos de la Universidad de Barcelona, Joan Elias; Buenos Aires, Alberto Barbieri, y Nacional Autónoma de México, Enrique Grave, y del vicerrector Alejandro Vila, representante de la Universidad de São Paulo. Según anunció Andradas, aprovechando la celebración del congreso todos ellos se van a reunir para hacer balance del primer año de trabajo de la Unión y tratar de dar un nuevo impulso a la misma fijando nuevas actividades y ámbitos de colaboración. Como ya sucedió tras la firma del documento fundacional, los rectores serán nuevamente recibidos por el Rey Felipe VI.

Uno de los ámbitos en los que las universidades más tienen que decir es, a juicio de Carlos Andradas, el del compromiso social "y más aún en tiempos de crisis". Es por esto, por lo que, "desde la Unión Iberoamericana de Universidades queremos proponer ideas y abrir debates en torno a cuestiones fundamentales que preocupan a los ciudadanos, como es la necesaria protección de los derechos sociales", concluyó el rector, dando paso a la intervención del decano Ricardo Alonso, quien explicó cómo desde hace años las Cortes Supremas y las salas constitucionales de distintos países iberomericanos, como México, Argentina, Brasil, Portugal o, por supuesto, España, celebran congresos y reuniones en los que debaten y ponen en común sus reflexiones o avances sobre distintas problemáticas jurídicas. La protección de los derechos sociales reconocidos en las constituciones de todos estos países, así como en las de las democracias avanzadas, es una preocupación sobre la que merece la pena debatir al más alto nivel, como se va a hacer, destacó el decano, en este congreso por destacadas voces académicas y de la judicatura.

Para el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la crisis económica no ha limitado los derechos sociales en España, "en lo que en el plano judicial se refiere", sino todo lo contrario, ya que ha sido en estos últimos años cuando mayor protección jurídica se está dando a estos derechos. Esta especial protección, según explicó Lesmes, está materializándose de acuerdo a dos vías. Por un lado, la jurisprudencia ha dado "reconocimiento a la dimensión prestacional" de estos derechos por parte del Estado y, por otro, se están sumando derechos de nueva generación, normalmente de índole socioeconómica, a derechos sociales con mayor tradición, como pueden ser los relacionados con la salud o la educación.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, destacó que ya en su artículo 1 la Constitución Española señala el carácter social, democrático y de derecho del Estado Español, y, en su artículo 92, encarga a los poderes públicos que hagan todo lo posible para garantizar que la libertad e igualdad sean reales y efectivas en nuestro país. Los derechos sociales, de acuerdo con González Rivas, gozan de protección constitucional aunque en diversas sentencias el Tribunal Constitucional ha dejado claro que es dentro de "las posibilidades reales", entre ellas las económicas, en las que el Estado está obligado a hacer esos derechos efectivos. Según indicó, la principal dificultad estriba en que es en los momentos de crisis económica cuando más solicitada es la prestación de los derechos sociales, y los gobiernos se ven obligados a priorizar unos sobre otros. No obstante, concluyó el presidente del Tribunal Constitucional, no se puede olvidar que los sociales "son auténticos derechos que emanan de la inviolable dignidad de la persona humana" y que desde hace más de 70 años se están queriendo proteger en todos los lugares del mundo, incluyéndolos en las diferentes declaraciones y cartas de intenciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en San Francisco en 1948, la Convención Europea de 1950 o en la más reciente Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000.