INBOTS son las siglas del proyecto Inclusive Robotics for a Better Society, un consorcio de 25 instituciones de 13 países europeos. Este proyecto europeo está coordinado por el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y está dividido en una serie de paquetes por áreas de conocimiento especializadas. La Universidad Complutense de Madrid, con la profesora Amparo Grau al frente, es la única universidad española que participa y su cometido es medir las cuestiones del impacto socioeconómico y jurídico que va a tener un futuro robótico, o más bien, un presente que ya está aquí.
En el ámbito del Derecho Financiero y Tributario, en el que es experta Amparo Grau, ya se plantea la cuestión de si hay que gravar o no a los robots, pero como ella misma afirma "la realidad va mucho más allá de eso". Entre otras preguntas que surgen están, por ejemplo "¿doy incentivos fiscales para que formen las empresas a los trabajadores que pueden verse desplazados por la introducción de robots?; ¿participan los trabajadores, cuando interactúan con un robot que tiene inteligencia artificial, en su formación?; en la medida en que con su interacción contribuyen a adecuar un robot, ¿están los trabajadores participando en la generación de la patente?; ¿tienen derecho a a participar de los beneficios que ésta genere en el futuro?".
Todas esas preguntas son temas "que hay que plantearse porque ese futuro es ya, y parte del sector se está resintiendo porque no hay un panorama claro de actuación". El final del proyecto INBOTS, en el área que dirige Amparo Grau, será la elaboración de un libro blanco para la regulación de la robótica en la Unión Europea.
Grau informa de que el Parlamento Europeo le pidió a la Comisión Europea que presentase una propuesta legislativa sobre el tema, y "ese libro blanco le va a ayudar para elaborar esa propuesta porque pone a todos los actores interesados en contacto para formular unas líneas directrices".
De hecho este proyecto, financiado con cerca de 3 millones de euros, reúne a gran parte de los "actores más relevantes implicados en la robótica interactiva en Europa con el objetivo de colaborar en el desarrollo de las directrices para la introducción y superación de barreras existentes en el día a día de los ciudadanos europeos en torno a esa robótica interactiva".
La profesora complutense informa de que no se partirá de cero, sino se continuará la labor que ya comenzó con otros proyectos europeos anteriores, como RoboLaw o ROCKEU2; y la participación de instituciones como euRobotics.
Robótica interactiva
Aclara Amparo Grau que "antes los robots eran fundamentalmente industriales, luego ha habido robots de servicios y ahora cada vez se trabaja más con robots, de manera que hay una mayor proximidad a los humanos, y eso suscita nuevas preocupaciones".
Este proyecto, según la coordinadora de la UCM, será un salto cualitativo en la búsqueda de nuevas soluciones porque abarca todos los campos imaginables, "porque no es ya que el robot esté en una línea de producción aislada, sino que puede estar cuidando a un anciano, en el juguete de un niño, en una bañera que se ajusta a cada persona, en un implante que no es sólo para tratar una enfermedad sino para potenciar las capacidades de los seres humanos... Son muchas vías diferentes".
Aunque la UE invierte mucho en robótica, desde el punto de vista de la industria no están claros los límites para la actuación de cada actor. Por eso, "en este proyecto se tratan de definir esos estándares y dar las pautas para la regulación, pero definiendo muy bien hasta dónde se quiere regular y si esa parte que queremos regular luego se va a ver complementada por la actuación de las empresas, que pueden ser socialmente responsables o no, y ahí es donde entra el punto fuerte de la Complutense", principalmente por su trayectoria con los proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i CertificaRSE (DER2015-65374-R MINECO-FEDER) y DesaFio (DER2012-36510).
Grupos de nuestra universidad
Desde la UCM van a estudiar dónde se fija el límite para la regulación, a qué se van a comprometer las empresas socialmente responsables y cómo se va a introducir la robótica en la sociedad.
Se quiere intentar fijar un patrón que garantice la seguridad a los que actúan, ya que "muchas veces se frena la innovación porque no se sabe qué consecuencias pueden tener la investigación o su puesta en práctica, por eso hay que encontrar el punto de equilibrio entre los beneficios y los costes sociales que puede producir la innovación. Y además conviene valorar si se necesita el apoyo público o no".
La parte de la Complutense en este proyecto, de acuerdo con Grau, se centra en el el Derecho público, con especialistas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Derecho Financiero y Tributario; y también en el Derecho privado, con investigadoras de Derecho Civil y Mercantil. "Se prestará especial atención a los menores y a cuestiones de género, ya que la robótica va a alterar la balanza tradicional, si ahora los robots sustituyen la fuerza bruta puede que salgan mal parados muchos trabajadores que son hombres".
Amparo Grau lidera, en la Complutense, el grupo IUS-SustentaRSE que trabaja por avanzar en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. "Es un grupo que tiene la parte de Derecho y la de responsabilidad social empresarial". Es uno de los tres que forman parte de INBOTS.
Los otros dos grupos son de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el de José Ignacio López Sánchez y el de Miguel Ángel Sastre. Uno (GIPTIC) trabaja más en producción y big data y el otro (HRM) en recursos humanos.
Junto a ellos dos y a la líder del grupo, Amparo Grau, están también Yolanda Sánchez-Uran, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Christi Amesti, profesora de Derecho Mercantil; Ana Lambea, de Derecho Civil; y Helena Ancos que se ocupará de las repercusiones de la robótica en la responsabilidad social corporativa. Con cargo al proyecto se va a incorporar un doctorando, porque se quiere hacer una tesis doctoral y "abrir así la puerta a las nuevas generaciones".
Impacto jurídico y socioeconómico
Los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales van a intentar medir la correlación entre la densidad de robots y la competitividad y la productividad y para eso se va a trabajar en el consorcio con datos de la Federación Internacional de Robótica, con la ayuda de VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK y la Universidad de Utrecht. Explica Grau que "al igual que se sustituyen unos empleos aparecen otros nuevos, pero necesitamos que los trabajadores estén formados para ocuparlos y como es lógico eso afecta a las instituciones de enseñanza y a las empresas que tienen que dar formación a sus trabajadores para que no queden desfasados". Para analizar cómo afecta la incorporación de robots al ambiente laboral en determinadas industrias se contará con la experiencia de la Universidad Libre de Bruselas, Fiat, Össur y Otto Bock, así como la de otros miembros del consorcio (Tecnalia, Acciona, Pal Robotics, o Inncome, por citar sólo los ubicados en España).
Las cuestiones del impacto socioeconómico y jurídico son de lo que se va a ocupar la Complutense. En otros lugares como en la Escuela Superior Sant'Anna de Pisa y la London City University se van a ocupar de las cuestiones de Derecho de riesgos, de responsabilidad y de seguros. "Esa parte la van a llevar desde allí porque ya estaban trabajando en el tema de los vehículos sin conductor y habían hecho un informe para el Parlamento Europeo", aunque desde la UCM se apoyará ese trabajo y "se intentará crear una plataforma asesora para la regulación de la robótica en la Unión Europea". También se colaborará con expertos en ética del Instituto de Filosofía del CSIC, la Universidad de Leeds, Dublin City University y la Universidad de Viena.
Estandarización y educación
La Comisión Europea ha informado de que este es un proyecto estratégico, y tienen mucho interés de que salga bien porque la Unión Europea se juega mucho en su competencia con Japón y Estados Unidos. Para conseguir que el proyecto salga adelante hará falta trabajar con las agencias de estandarización (como la alemana DIN, que participa en el equipo), "para ver cómo se adaptan los estándares internacionales y qué normas se pueden referir a esos estándares, porque hoy está todo un tanto desfasado para el estado actual de la robótica ya que no hay regulación clara y la que hay se queda corta".
Otro de los paquetes de INBOTS está centrando en la educación, en la formación continua y en la universitaria. Amparo Grau informa de que la UCM no forma parte de ese paquete de trabajo, pero ella, como líder de una de las partes del proyecto, está en el comité de gestión general y allí ya ha establecido relación con la Universidad de Siena que es la que se va a ocupar de ese tema. El objetivo de esos contactos es "ver si a través de escuelas de verano o de alguna otra manera se puede introducir en los planes de estudio de manera transversal esta materia. El proyecto abarca desde las edades tempranas hasta estudios de postgrado y formación continua".
Un gran proyecto
Por último, Grau destaca que en lo que llevamos de Horizonte 2020, la UCM ha conseguido 43 proyectos, con una subvención total de 16,8 millones de euros. En todo este tiempo la Facultad de Derecho sólo ha conseguido un proyecto, que es precisamente este INBOTS, con una dotación de unos 130.000 euros. Continúa afirmando Grau que en el 7º programa marco la Facultad consiguió un único proyecto, y si a ese se le suma la cantidad ingresada por Inbots este último supone un 81% de la financiación recibida en los dos últimos programas marco europeos.
