"Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública", es el título del informe elaborado por Provivienda, y que se ha presentado el 30 de octubre en el salón de actos del edificio Multiusos de la Complutense. Los autores de esta investigación aseguran que con ella quieren "demostrar que el derecho a la salud y el derecho a la vivienda están íntimamente conectados entre sí y, por tanto, no debemos abordarlos por separado. El contexto actual de insuficiencia en la provisión de vivienda asequible supone una vulneración del derecho a la salud, que se acentúa en las situaciones de exclusión residencial". En la presentación del informe, Gema Gallardo Pérez, directora de Provivienda, asegura que era muy importante para su organización darlo a conocer "en el marco de la universidad, que además nos ha ayudado a darle enfoque y a mejorar la metodología empleada", de hecho agradeció a la UCM "por hacer realidad día a día la conexión entre el mundo de la Universidad y la práctica profesional".

Thomas Ubrich, autor del informe, reconoce que con él, se ha tratado de visibilizar la realidad, "porque lo que no se nombra no existe". Aclaró que desde Provivienda entienden "la vivienda en su aceptación más amplia e integral, como espacio del hogar propiamente dicho, pero también su entorno social y urbano, así como su lugar en el conjunto de la ciudad".

Gemma Gallardo informa que de Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1989 con situaciones de exclusión residencial y cuya razón de ser es promover el derecho a una vivienda digna y adecuada. En este tiempo, en el que han ayudado a más de 120.000 personas a conseguirlo, se han encontrado con tendencias de un mercado de vivienda especialmente excluyente para las personas más vulnerables, con subidas enormes del precio del alquiler.

De acuerdo con Ubrich, "la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social pasa, entre otras medidas, por la potenciación de políticas de acceso a la vivienda, ya que cada vez se hace más difícil para los hogares más humildes poder acceder no solo a la propiedad, sino incluso a un alquiler normalizado y adecuado; por tanto, necesitamos de una acción pública voluntarista para cubrir la necesidad de vivienda, o pronto veremos aumentar otra vez la pobreza, sobre todo teniendo en cuenta que el empleo ya no es un elemento de inclusión social, porque a un 14% sus ingresos no le permiten salir de la pobreza".

La hipótesis de partida de su informe es que "la vivienda es un determinante principal de la salud", entendida esta como salud física y salud mental, pero también como un estado de bienestar, físico, psicológico y social. Recuerda el autor del informe que "en España tenemos un tipo de estado de bienestar que determina ayudas y políticas sociales, y junto al sistema de vivienda, eso es lo que facilita el acceso a una vivienda adecuada o digna".

Zombis de la sociedad

La directora de Provivienda recuerda que "fruto de la crisis, se han sumado muchas situaciones que son bastante graves y nos han alarmado, por eso este estudio busca acercarse a esas situaciones y a los efectos en la salud de las personas a los que atendemos". La idea final es "convertir los datos en evidencias y visibilizar la realidad de las tres ciudades analizadas: Madrid, Barcelona y Tenerife, y en definitiva ponerle rostro a las historias de exclusión residencial, porque en palabras de uno de los vecinos, es gente que no existe, zombis de la sociedad, fantasmas sociales, pero necesitan ayuda, no se pueden quedar en la calle".

Destacan en el informe que el único elemento que tienen en común las personas y familias entrevistadas y atendidas por Provivienda es que no tienen un hogar adecuado y que esta situación les genera gran malestar físico, mental y social. Por tanto quieren dar a conocer la situación de las familias, adultos y menores invisibilizados, "las vidas que se esconden detrás de los rostros de la exclusión residencial a la que día a día se enfrentan los compañeros y compañeras de Provivienda en su trabajo en los barrios".

Respaldo institucional

Gema Gallardo informa de que "un segundo objetivo es llamar la atención de los grupos políticos y las administraciones sobre esta realidad, porque son ellos los que pueden cambiar estas situaciones". Mercedes Jaraba Sánchez, subdirectora general de Coordinación y Ordenación de la dirección general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que también acudió a la presentación del informe, asegura que tras leerlo, ha concluido que "hablar de discapacidad es hablar de accesibilidad, pero también de exclusión, de pobreza, de menor acceso a estudios superiores...".

Por eso, y porque "hay situaciones de justicia social que hablan por sí solas", es importante que las administraciones pongan su  granito de arena y que las conclusiones del informen "nos lleven a todos a reflexionar para que las modificaciones normativas nos lleven a buen puerto".

Esteban Sánchez Moreno, el delegado del rector para Diversidad y Medio Ambiente de la UCM, quiso señalar también que "el apoyo del Ministerio es fundamental para una tarea de este tipo, y además Provivienda sabe que en la Complutense tendrá siempre, al menos, un humilde aliado".

Informó el delegado del rector de que la colaboración con Gema Gallardo y con Provivienda viene ya desde hace años, y se ha realizado de manera muy fructífera, y es un ejemplo de "cómo entendemos la UCM y su relación con la comunidad". Asegura Sánchez Moreno que "con mucha frecuencia, y a veces de manera justificada, se percibe que desde las asociaciones que se dedican a la integración social y a la mejora de vida de las condiciones de vida de las personas, hay una cierta distancia con los investigadores". Frente a eso, "en el ámbito de las Ciencias Sociales, y de todas las demás, la Universidad debe estar al servicio de la comunidad, porque son la sociedad y los agentes que actúan en ella los que pueden hacer una lectura de las necesidades que se encuentran día a día, y desde la Universidad tenemos la obligación de generar conocimiento útil".

Recordó Sánchez Moreno que la vivienda es un derecho social, principalmente en Europa, "aunque el capitalismo no sea el mismo en todos los países europeos y ya desde los arranques de nuestra democracia, los problemas de no considerar la vivienda como un derecho social se pusieron de manifiesto en España, algo que empeoró incluso más a partir de la gran crisis económica de 2008".

Considera el delegado del rector que "en la actualidad hay una fragilidad del hogar, de la vivienda, de los derechos de residencia en un sentido amplio. Sabemos que existe un gradiente social en la salud, porque las desigualdades características de los sistemas de estratificación social se reflejan directamente en desigualdades en salud. No enfermamos por igual, las enfermedades no se distribuyen aleatoriamente y las clases negativamente favorecidas tienen la mayor incidencia en la salud. Es decir, que aquellos hogares que ingresan más tienen menos problemas de salud y mayor índice de calidad de vida".

En España, según sus palabras, "existe una peculiaridad fundamental que tiene que ver con la influencia y el impacto de las desigualdades relacionadas con la vivienda y la salud, pero hasta la presentación de este informe no se había puesto sobre la mesa de una manera monográfica, así que en este sentido, este informe es pionero, abre las puertas a nuevas investigaciones".

Confía el delegado del rector, que a partir de ahora "la exclusión residencial se convertirá en un eje fundamental de la exclusión social en España, así que sabiéndolo podremos diseñar políticas que tengan un efecto directo en las condiciones de existencia de nuestras comunidades".