Migraciones y refugio en las agendas globales para el desarrollo ha sido el título de la séptima y última conferencia del ciclo de ponencias "Agenda 2030, del discurso a la política", que ha organizado Encuentros Complutense durante este curso académico. En ella, Rafaella Galante, de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), ha recordado que hasta la ONU considera que aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sería una oportunidad para impulsar todo el potencial de desarrollo que tienen las personas que migran, así como para garantizar su derecho a la movilidad. Por su parte, la periodista Fabiola Barranco apuntó que aunque no existe un objetivo específico sobre migraciones en la Agenda 2030 sí hay indicadores y metas que aluden a esas migraciones. De todos modos, en lo que los conferenciantes estuvieron de acuerdo es que en este caso como en otros muchos, "existe una fractura clara entre el discurso y la política".

Sara Prestianni, investigadora e integrante del comité ejecutivo de Euromed Rights, que empezó su carrera profesional en 2004 en las vallas de Ceuta y Melilla, cree que vivimos en una época en las que los pactos y convenios internacionales se violan de manera sistemática y normalizada. Opina además que "hay un relación muy directa entre las políticas europeas y las de Estados Unidos, en las que se llevan a cabo esas violaciones tanto por tierra como por mar".

Prestianni cree que "es fundamental confrontar a los jefes de Estado con esos convenios que han firmado y que se incumplen constantemente, como la agenda europea, por ejemplo, donde países como Italia o Hungría lo que hacen es levantar más muros y vallas frente a la migración". Al mismo tiempo hay casi actitudes de insumisión y cambios de ruta que vienen por parte de la sociedad civil y de la municipalidad, ya que "las ciudades se han convertido en los lugares donde las políticas pueden cambiar, se ha visto en Italia, por ejemplo en la ciudad de Palermo, que ha quebrado las políticas nacionales con un acto práctico de acogida e integración de los migrantes en su territorio". Ese acto de resistencia se ha basado simplemente en que las personas tienen sus derechos, apoyados en convenios internacionales, y que esos convenios deben ser respetados.

La periodista Fabiola Barranco coincide en la opinión de que "algunos municipios son los únicos que están haciendo un contrapeso a esas políticas migratorias que están pisando fuerte, arrastrando tintes xenófobos y racistas".

Ricardo Gatti, jefe de misión y capitán del remolcador de altura Open Arms, de la ONG Proactiva Open Arms, ratifica que una pincelada positiva, entre muchas otras negativas, es ese apoyo de los municipios, tanto españoles como italianos, que están en contra de los discursos hegemónicos. Eso se intenta impulsar desde su propia ONG donde se busca poner en marcha ideas comunes para enfrentar la realidad de la inmigración.

Tiene claro Gatti que los grandes acuerdos son siempre muy difíciles de llevar adelante, porque "la macropolítica tiene diferentes dinámicas que hacen que se ralenticen o que no sean vinculantes como el Pacto Mundial sobre Migración, así que a la hora de la verdad da mucho miedo que se pare todo".

Verdad contra xenofobia

Prestianni cree que "contra el auge de los fascismos la primera herramienta, la más sencilla, es contar la verdad, porque los políticos para justificar sus medidas xenófobas tienen que contar mentiras que empiezan por los números". De acuerdo con ella, todas las políticas anti inmigración europeas se basan en la idea de que en 2015 llegaron un millón de inmigrantes, lo que supuso "una tragedia, una invasión, la incapacidad de gestionar...". Sin embargo, ese año a Líbano, en ese año llegaron 2,5 millones y a Turquía, 3 millones, "así que la comparación de números ya deja claro que no existe ningún tipo de invasión".

La política italiana, por ejemplo, se focaliza únicamente en la criminalización de los inmigrantes, con leyes de seguridad muy restrictivas, todo frente a unos centenares de inmigrantes que están llegando. La voluntad política con este discurso es esconder los fracasos que se están realizando en otros ámbitos como la política económica, la de bienestar, de economía social... "La idea es hacer creer al ciudadano que hay un enemigo que es el inmigrante", añade la conferenciante.

Prestianni opina, por tanto, que el papel de la sociedad civil consiste en contar que ese enemigo no existe, que esas cifras son falsas, que no hay invasiones, y que el discurso de odio está basado solo en un falso imaginario. Las ONG llevan a cabo un trabajo de recursos jurídicos incluso en la Corte Penal Internacional, para recordar que no vivimos en un momento de invasión, sino en un olvido generalizado de los convenios que cada Estado miembro ha firmado. Por eso hay que cambiar la narración, y contar la verdad de los fenómenos, así como destacar que además no son números, sino que son mujeres, hombres y niños, "de hecho el último barco que se ha casi perdido en el Mediterráneo llevaba muchísimos menores, personas y eso no queda claro en las políticas que se llevan a cabo en el mundo".

Barranco coincide en que la construcción de la narrativa nos ayuda a construir el imaginario colectivo por el que nos guiamos. Recuerda que en 2015 se hablaba de la crisis de los refugiados, y algunos corregían ese concepto para afirmar que era la crisis de los valores que sufre Europa y que afectan a personas que buscan refugio, "lo que pasa es que eso no cabe en un titular ni da tantos likes".

La criminalización

Gatti señala que además la criminalización se extiende a todos los que defienden los derechos de esas personas, y por eso es fundamental que la sociedad civil luche para que se cumplan las normativas internacionales. El tema del rescate en el mar, por ejemplo, no es una decisión, es una obligación, y los gobiernos están obligados a que las personas sean desembarcadas lo antes posible en un puerto seguro, que no quiere decir que sea el puerto más cercano.

Si las instituciones no respetan las obligaciones, las ONG que lo hacen se convierten en criminales. Por ejemplo, el gobierno español en la última salida del Open Arms, "tras tres meses de bloqueo con una tergiversación normativa, permitió que fuesen hacia Grecia, pero con la prohibición expresa de poner en marcha acciones directas de búsqueda y rescate. Es decir, que si rescataban personas iban a ser multados desde 300.000 a 900.000 euros, y eso es un abuso institucionalizado".

Informa Gatti de que "Europa está pagando, a través de Italia, los guardacostas de las milicias libias, donándoles barcos, para que ellos hagan un trabajo sucio, creando una barrera para que las personas que intenten huir de Libia sean interceptadas y sean devueltas allí de nuevo". Asegura el conferenciante que está documentado y demostrado cómo entre los mismos guardacostas libios hay gente de bien, pero también ex oficiales de Gadafi, criminales, traficantes de personas...

"Toda la criminalización de las ONG o de las personas que ayudan tiene el único objetivo de quitarles de en medio, para que la ciudadanía no tenga datos de primera mano, porque basta mirar esos datos para descubrir que los oficiales son falsos". Ellos mismos en tres años han rescatado a 60.000 personas, que son muchas, pero no es ese aluvión, esa invasión de los discursos xenófobos.

La externalización

Sara Prestianni explica que en 2015, en Malta, se realizó una cumbre en la que se sentaron jefes de Estado africanos y europeos, junto a instituciones de esos dos continentes. A raíz de aquello se creó el Fondo Fiduciario por África, dotado con 4,3 miles de millones de euros para el desarrollo de las políticas de externalización, es decir, "para que otros países se hagan responsables de la inmigración y la frenen para que no llegue a Europa".

Ese presupuesto, al menos en un 90%, proviene del Fondo Europeo para el Desarrollo, así que "ese dinero queda al margen del control democrático del Parlamento Europeo". Una pequeña parte está destinada a proyectos para el desarrollo, pero la mayor parte se está desviando incluso del concepto mismo del desarrollo, porque en realidad se usa para el control de las fronteras y condicionando los fondos a las políticas migratorias, así que esos fondos están financiando la externalización de fronteras.

Ese dinero ha permitido desarrollar todo un negocio, incluida la biometrización de las fronteras, que se ha convertido en un nuevo mercado. Se pregunta Prestianni, "¿Y cuál es la mejor manera de desarrollar un mercado? Teniendo un enemigo. ¿Y quién es su enemigo? Los migrantes". De ese modo se conjugan varias políticas, como la de la seguridad, "que tiene un enorme lobby en Europa, y que ha visto en la externalización un nuevo negocio millonario que está basado en la violación de los derechos humanos".

Por ejemplo, de acuerdo con la conferenciante, en Níger, uno de los países más pobres del mundo, se está haciendo todo tipo de presiones para que apliquen las normas de criminalización, lo que hace que los migrantes tengan que coger nuevas rutas, en ese caso la ruta de Mali, donde arriesgan su vida cada día.

Los CIE

Entre los aspectos más criticados de las políticas migratorias en suelo europeo se encuentran los famosos Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE. Para Prestianni son "una vergüenza europea que además también se han exportado, como los primeros CIE que se han construido en Libia, que han sido financiados por Italia". Otros países con esos CIE, financiados desde la Unión Europea, son Argelia o Marruecos.

Una vez más, esos CIE son un instrumento de criminalización de las migraciones, son una manera para castigar por ser migrante, simplemente. "Allí no tienen apoyo médico ni asesoría jurídica y, por supuesto, esos lugares no deberían existir, pero son otra de las caras de esa política europea que penaliza la inmigración", añade Prestianni.

Francisco Morenilla, abogado del Centro de Migraciones de Cruz Roja Almería y presente entre el público, apunta que en el 90% de los casos, al menos en Almería, Motril y Cadiz, los internamientos de los ciudadanos se producen con autos de internamiento que se dictan con anterioridad a ver a las personas, algo que es totalmente ilegal, que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que podría llegar a ser incluso un delito de prevaricación. Se producen privaciones de libertad totalmente gratuitas.