La Facultad de Geografía e Historia ha acogido la presentación del segundo informe Cuando la casa nos enferma, realizado por Provivienda, en el que se destaca que "las personas con problemas de vivienda tienen diez veces más riesgo de tener mala salud que la población general y presentan dos veces más un malestar grave a nivel psicológico". Rosa María de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes, asegura que para la UCM es un placer colaborar con "una asociación que trabaja en uno de los sistemas de vertebración social como es Provivienda". Asegura de la Fuente que incluso en la propia Complutense "nos enfrentemos a problemas de desigualdad y exclusión entre nuestros estudiantes, y cada vez más el tema de la vivienda hay que abordarlo, con problemáticas como los desalojos y desahucios, porque la vulnerabilidad y la precariedad hace que los estudiantes tengan que cursar estudios parciales y eso está relacionado con el fracaso de sus estudios". La vicerrectora, como politóloga, considera fundamental que se hagan recomendaciones de diseños de políticas como los que hace este informe. Entre esas propuestas está, de acuerdo con Eduardo Gutiérrez Sanz, director general de Provivienda, "el impulso de una política de vivienda inclusiva que es necesaria para la protección de la salud de la ciudadanía".

Esteban Sánchez, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Trabajo Social, informa de que lleva desde hace diez año colaborando como investigador con Provivienda, a la que define como "una asociación que siempre ha estado ahí, defendiendo un modelo de intervención innovador en nuestro país, y resistiendo incluso en los momentos más duros de la crisis".

Para Eduardo Gutiérrez Sanz, director general de Provivienda, es "fundamental ir de la mano con el mundo académico", así que su idea es continuar la colaboración, "por lo menos durante diez años más". De acuerdo con él, en el primer informe Cuando la casa  nos enferma, presentado en 2018, se partía de la evidencia de que "una vivienda inadecuada es perjudicial para la salud y que una buena política sobre el tema es un tema de salud pública". Frente a esa realidad, desde Provivieda apuestan por "un pacto frente al pensamiento mágico que deja en manos de la oferta y la demanda el mercado de la vivienda, y que deja efectos profundos en todas las personas que sufren exclusión residencial, unida a exclusión social".

Segundo informe

Con el primer informe, en el que "se llegó a la reflexión de que no hay mejor hospital que una vivienda para una persona que está en la calle", salieron algunos temas en los que les interesaba seguir ahondado como el malestar psicológico y el sufrimiento emocional. Se preguntaron los investigadores si afectaría a las personas más vulnerables y se propuso una metodología con una serie de entrevistas y encuestas a personas que participan en sus programas, y a la población general para poder hacer la comparativa.

Thomas Urich, investigador principal del nuevo informe, asegura que "la vulnerabilidad residencial está asociada a vivir en una infravivienda, en una situación de hacinamiento o de pobreza energética, pero también a situaciones cada vez más habituales como la inestabilidad en la vivienda o el riesgo de perderla".

El informe también destaca que "la situación empeora cuando se trata de personas de personas que concentran un mayor número de factores de exclusión como: ser mujer, tener algún tipo de discapacidad, vivir en soledad no deseada o ser parte de una familia monomarental".

En concreto, en lo que respecta a personas que viven solas "cuatro de cada diez manifiestan que su situación residencial influye mucho en su calidad de vida y bienestar psicológico". Es así porque esas personas, a menudo de edad avanzada, son "especialmente vulnerables ante la ansiedad, el estrés y otras patologías".

El compromiso complutense

El decano de la Facultad de Geografía e Historia, Miguel Luque, asegura que "todos somos conscientes de que el acceso a una vivienda digna es una necesidad, pero hay muchas personas que aún siguen sin ese derecho. En España unas 31.000 personas viven en situación de no hogar, de las cuales 23.000 acuden a albergues y las otras 8.000 viven directamente en la calle".

El informe habla de esa problemática, pero añade además un "análisis sobre el problema de vivir solo en medio de una multitud, algo que se convierte en una pesadilla". Expresó el decano su deseo de que "llegue el día en el que todos podamos tener una vivienda digna, un espacio confiable en este mundo tan poco confiable, como decía el escritor Mario Benedetti".

La vicedecana de Estudios y Calidad de Geografía e Historia, María Cruz Cardete, asegura que desde la Facultad hay dos grandes compromisos con estas problemáticas. Por un lado está la labor del investigador que puede ayudar a mejorar los principios habitacionales desde el Departamento de Geografía y dese los Departamentos de Historia y de Arte, ya que "cada vez es más importante el tema de la habitacionalidad, los espacios privados, más allá de los grandes monumentos, ya que eso da una gran información de cómo es una sociedad".

La otra vía de compromiso consiste en que "la Facultad está concienciada con estas realidades y lucha por cambiarlas, haciendo más asequible la habitacionalidad, a través de los proyectos de aprendizaje y servicio, muy volcados en la creación de conciencia de que los estudios sirven para mejorar el mundo, cambiarlo y actuar en lo que preocupaba tanto en el pasado como en la actualidad".

El subdirector del Departamento de Geografía, Simón Sánchez, destaca del informe la cuestión de "la escala espacial, de los hogares a las viviendas y el entorno urbano, y en esto último es donde los geógrafos tienen mucho que decir, con estudios de redes globales, sobre los espacios construidos, la segregación urbana, la gentrificación, los procesos de gobernanza...".

Medidas

Más allá de la idea genérica de realizar políticas de vivienda más inclusivas, el director general de Provivienda sostiene que  "las diferentes normativas tienen que reconocer que existen factores de vulnerabilidad que profundizan determinados problemas, contando con las perspectivas de las personas afectadas, y el anuncio de la reorientación social del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 es una oportunidad para ello".

Otras medidas destacadas en el informe son "la eliminación de barreras físicas, la rehabilitación energética de los inmuebles, la inclusión de las familias monoparentales maternas como población prioritaria en el acceso a determinadas ayudas y bonos, así como la transversalización de la perspectiva de género".

Desde Provivienda opinan que estas medidas deben encuadrarse en una estrategia más amplia que apueste por integrar la cuestión de la vivienda dentro de nuestro sistema de protección social, avanzando progresivamente en el "aumento de la inversión en política de vivienda hasta un 1,5% del PIB, lo que junto a otras medidas como la movilización de la vivienda vacía permitiría ir generando un parque público de vivienda asequible que garantizase esa función social de la vivienda, que debería estar recogida en una Ley de Vivienda Estatal".

Recuerdan además que es preciso actuar sobre el parque de vivienda de alquiler privado existente, permitiendo a los municipios limitar las rentas de los alquileres de forma temporal en determinadas zonas, ya que "los precios del alquiler han aumentado considerablemente y representa el principal obstáculo con el que se choca la población en general y las personas más vulnerables en particular".

De acuerdo con el informe "la dificultad económica es sin duda un freno importante a la hora de acceder y mantener la vivienda ante un parque de vivienda excluyente en el que la responsabilidad radica en un contexto social y residencial que genera desigualdad". Por eso, en definitiva, y más que nunca, "necesitamos de una política de vivienda inclusiva y un paquete de medidas urgentes que garanticen la equidad en la vivienda".