"En Europa hay 25 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza", asegura Santiago Jiménez Martín, director del curso "La Agenda 2030: El gran reto mundial de esta década". Y nuestro país, por desgracia, aporta un alto porcentaje de esa cantidad, porque como afirma Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, "la situación en España no es dramática, pero sí escandalosa e intolerable". En la sesión del curso dedicada a las estrategias de la reducción de la pobreza también han participado Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, y Laura Pérez Castaño, teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, y todos los ponentes han coincidido en la importancia de las políticas públicas para reducir la pobreza, a veces extrema, y la desigualdad que hacen que dentro de los países del primer mundo conviva un tercer mundo.
Nacho Álvarez informó de un reciente estudio del FMI sobre la economía española que sacaba los colores a nuestro país, porque "contrastaba que España es uno de los países con mayor nivel de desigualdad en la zona euro, sobre todo con un alto nivel de niños en la pobreza". El gasto social de nuestro país, según el FMI, es de 20.000 millones de euros inferior a los países de nuestro entorno, son dos puntos del PIB, y lo que es peor, "el informe destacaba que además lo que dedicamos es menos eficiente para reducir la pobreza". Para contrarrestar esos defectos, hace falta reorientar los esfuerzos hacia otro tipo de políticas que "durante muchos años se han centrado en las desgravaciones y beneficios fiscales, pero muchos de los supuestos beneficiarios no se desgravan nada, porque no tienen ingresos, así que se ha minusvalorado durante mucho tiempo las transferencias directas a esos hogares, algo que se está intentando corregir con el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".
El secretario de Estado reconoce que se ha acelerado la medida de aprobación del IMV por la pandemia, para minimizar el impacto de la crisis de la COVID-19, y ha supuesto un "enorme paso adelante, sólo comparable a la ley de dependencia de hace 15 años o al desarrollo del sistema público de pensiones de hace 35 años". De acuerdo con Álvarez, "es un nuevo pilar en el Estado del bienestar, que nos permite converger con los países de nuestro entorno en la lucha contra la pobreza".
El IMV, en solo tres semanas, ha alcanzado el medio millón de solicitudes, que ya se están tramitando, sobre todo para aquellos que no han podido acceder a otras ayudas. También hay otras medidas como subsidios a empleadas del hogar y trabajadores temporales, pero "todo es muy complejo y hacía falta una red de último recurso, que es ese IMV".
Colaboración con las comunidades autónomas
Reconoce el secretario de Estado que ya había programas de rentas mínimas en nuestro país desde hace décadas, en el País Vasco, Navarra o Valencia, pero "en función de la comunidad en la que uno viviese iba a tener acceso a rentas muy diferentes, así que el IMV era fundamental para garantizar que todo español, viva donde viva, tenga derecho a un umbral mínimo de renta, sea cual sea su situación laboral".
Colaboración que incluso se puede hacer a nivel local, como afirma Laura Pérez Castaño, quien informa de que "en Barcelona hay fondos de ayuda para reducir la pobreza infantil, como tarjetas monedero que se recargan de manera digna, becas comedor y acompañamiento emocional con educadores sociales en las escuelas en riesgo, apoyos de manera extraordinaria a las familias sin acceso a ayudas para cuidar a los pequeños, programas de ocio, acceso a la cultura...".
En Barcelona hubo incluso un proyecto piloto con la Unión Europea entre 2018 y 2019 con una dotación a 1000 hogares de los distritos más empobrecidos de la ciudad, y la evaluación ha mostrado que hubo una mejora considerable en la propia sensación de bienestar, pero también en la salud mental, y no se detectó ningún cambio significativo en la inserción laboral, es decir, que recibir un ingreso no inhibe a la población de la búsqueda de empleo, en contraposición a lo que dicen los que están en contra de las políticas públicas innovadoras. De acuerdo con la teniente de alcalde, "frente a una extrema derecha envalentonada hay que garantizar los derechos de todas las personas, y ahí los ayuntamientos pueden tener mecanismos de ayuda y complemento para no dejar a nadie atrás".
Reducir la desigualdad
Vicenç Navarro comparó la realidad de nuestro país con la de Suecia, que "representa una alternativa a todo lo hecho en España durante la democracia, con unas políticas públicas que han reducido la desigualdad de renta y con ello la desigualdad social y, por efecto directo, la pobreza". España también es uno de los países con mayores índices de desigualdad de género, casi el doble que Suecia, así que "la pobreza, la desigualdad de renta y la de género están directamente relacionadas, así como la sensibilidad climática". Si en nuestro país el 35% de la población considera que la lucha contra el cambio climático es algo prioritario, en Suecia ese porcentaje llega al 62%, "lo que implica la necesidad de establecer estrategias conjuntas entre la dimensión social y la climática".
Recuerda el secretario de Estado que en buena parte de los países se han impulsado reformas laborales, como la de 2012 del PP, que "han desequilibrado la capacidad de negociación y han polarizado la asignación de rentas, con lo que se han devaluado salarios y se ha enquistado la precariedad en este país, así que hay que modificar esa reforma laboral para que en el propio mercado se genere un reparto de rentas que no sea tan desequilibrado".
De acuerdo con Navarro, en nuestro país hay también un problema y es que la mayor parte de los trabajadores no está sindicalizada, sólo un 14%, así que los sindicatos tienen poco poder, y ellos son los que negocian las mejoras de los trabajadores. Por otro lado "se habla mucho de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero reducir esa brecha sería insuficiente para resolver el problema de la mujer, ya que los salarios son muy bajos y se puede dar la situación en la que trabajen dos miembros de la familia y seguir siendo pobres. Para el bienestar de las familias habría que elevar esos salarios en el mercado de trabajo español".
Nacho Álvarez apunta que para avanzar hacia sociedades más igualitarias, donde la pobreza sea menor, "hacen falta mercados laborales más equilibrados, reformas laborales que garanticen superar este marco de desequilibrio y políticas públicas para reforzar el gasto social. Vivir en sociedades más igualitarias tiene que ver con la ética, los principios, los valores morales, pero también va más allá, porque la investigación económica muestra que esto no es sólo una opción moral, sino que también tiene que ver con un crecimiento más sostenible y estable en el tiempo, porque en nuestras sociedades dejar atrás a una buena parte de los ciudadanos tiene implicaciones en términos de eficiencia, y eso produce problemas macroeconómicos preocupantes sobre la sostenibilidad del crecimiento".
Los cuidados
Los tres conferenciantes destacaron el desequilibrio existente en los cuidados entre hombres y mujeres, a lo que Pérez Castaño apostilló que, de hecho "no se puede establecer una política económica que no visibilice la crisis de cuidado, que incluya la mirada de género y la de clase y que apele a la corresponsabilidad de los hombres".
Asegura Navarro que "la mujer española está sobrecargada en cuidados en el hogar y además el trabajo fuera de casa, la que la convierte en una de las más sobrecargadas que hay en Europa. Es dramático y por eso es esencial ayudar a la mujer a entrar en el mercado de trabajo, en general, pero especialmente a estas mujeres tan vulnerables". Tiene claro el conferenciante que en la integración en el mercado de trabajo existe un sesgo de género, pero también de clase, de tal manera que la mujer de clase media alta y alta lo tiene mucho más fácil que las no cualificadas, "lo que también afecta a los niños, porque el déficit educacional marca para toda la vida".
Opina incluso Navarro que el establecimiento de servicios de ayuda a familias como escuelas infantiles y atención a las personas dependientes juega un papel clave para mejorar la calidad de vida de un país. Y si los tres primeros pilares del Estado del bienestar (sanidad, educación y seguridad social) ya están bastante desarrollados, ese cuarto lo está muy poco y sería necesaria una enorme creación de empleo por parte del Estado, de hecho es "algo muy urgente, que en nuestro país permitiría crear muchos puestos de trabajo y además mejoraría la integración de la mujer en el mercado laboral".
No parece fácil, pero como recuerda Nacho Álvarez tampoco lo parecía la aprobación del Ingreso Mínimo Vital cuando se incluyó en el programa de Podemos en 2015, o como tampoco lo parecía la firma de un acuerdo en la Unión Europea, pero ayer mismo se aprobó "un programa de inversiones amplio de 390.000 millones de euros que impulsará el crecimiento para hacer la transición ecológica, que aborde la digitalización y que al mismo tiempo reduzca la desigualdad".
