El Eurobarómetro del pasado año sitúa a España como el cuarto país de la Unión en el que mayor número de sus ciudadanos perciben falta de independencia de su sistema judicial. Ni más ni menos que el 85% considera la independencia en una situación mala o muy mala. También el grupo GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados, recomiendan a España "profundizar" en garantías para la independencia judicial. Los datos los pone sobre la mesa el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, en la inauguración del curso "Garantías para la independencia de la justicia", si bien niega la mayor: "Creo firmemente que la división de poderes es una realidad en nuestro país", afirma. "Actualmente -opina el magistrado Ángel Calderón, director del encuentro- todos los jueces que quieran, que son el 99,99 por ciento, van a ser independientes".

Ángel Calderón, hasta hace apenas un mes presidente de la Sala 5 del Tribunal Supremo, considera que la independencia es algo que hay que "trabajársela cada día" y, por ello, es necesario promover "condiciones para que esté garantizado que la independencia de los jueces es real y efectiva". A su juicio, hay varios campos en los que se puede avanzar: los criterios de selección de jueces y magistrados, que deben guiarse por los principios de mérito, capacidad y esfuerzo, y la promoción profesional. En este segundo aspecto, quizá el más peliagudo, al entender de Calderón, sería bueno reducir al máximo las promociones y nombramientos de cargos que se hacen de manera discrecional y, también, "prohibir" las puertas giratorias en el mundo judicial. A su juicio, da mala imagen que quien tenía una función judicial un día, al siguiente ocupe un cargo público, y viceversa. "Esto solo tiene billete de ida, no de ida y vuelta", consideró.

Para el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, "España cuenta con un sistema de justicia consolidado, aunque no es perfecto". Es cierto, señaló que hay que profundizar en garantizar su independencia, pero nadie pone en cuestión su calidad. El propio grupo GRECO y también los ciudadanos a través de encuestas coinciden, según señaló Zapatero, en elogiar su calidad. Por ello, según indicó, la prioridad del Ministerio de Justicia es, "basándonos en la legalidad vigente", sentar las bases que permitan que el sistema judicial sea lo más "eficaz y eficiente" posible, además de, por supuesto, más ágil, transparente y "actúe guiado por las necesidades actuales de la sociedad". Se trata del "Plan Justicia 2030" y, según explicó, se apoya en tres grandes pilares: derechos, libertades y responsabilidad; servicio público de calidad de justicia, y cohesión y sostenibilidad social.

El primero de estos grandes pilares busca que la justicia sea accesible para todos en tiempo y forma y que, además, sea comprensible. "Haciéndola comprensible alcanzaremos el objetivo de generar confianza en la ciudadanía", afirmó Zapatero, quien citó entre las medidas planteadas en este punto las encaminadas a desjudicializar los conflictos entre ciudadanos a través de la utilización de formas alternativas a las judiciales. También el Plan pretende actuar en las "formas de investigación y enjuiciamiento penal -"a la vuelta del verano" se presentarán textos normativos "que ya están bastante avanzados, y en la protección de las víctimas de los delitos, en especial en los relacionados con violencia de género e infancia.

La segunda pata del plan, la que pretende promover la calidad del servicio público que presta la justicia, incluye medidas como la implantación de la Oficina Judicial, el expediente electrónico seguro y accesible o los tribunales de instancia. Por último, en busca de la sostenibilidad y cohesión social se tratará de universalizar el acceso a la justicia en todo el territorio, es especial en la España vaciada, a través de proyectos, como el presentado hace escasos días por el ministro Campo, de las Oficinas de Justicia en Municipios, "lógica evolución de los juzgados de paz en los municipios sin juzgados".

El secretario de Estado cerró su intervención deseando que las medidas que desde el Ministerio se quieren poner en marcha contribuyan a la existencia de "un poder judicial independiente, dictando sentencias basadas en leyes que responden a la realidad social".