Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de la nación en relación con el gasto educativo, y particularmente las que afectan al sistema público de la enseñanza superior, están ocasionando preocupación y malestar entre los afectados, que así lo están manifestando. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado al ministro de Educación su preocupación por el real decreto 14/2012 sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado el pasado 20 de abril sin ninguna consulta previa al Consejo de Universidades ni a la CRUE. Entre otras medidas, el real decreto supone la aplicación de fuertes subidas en los precios públicos de las matrículas que abonan los usuarios y la modificación del régimen de dedicación de los profesores universitarios.

El real decreto contiene asimismo medidas dirigidas a ordenar el número de titulaciones de grado que ofertan los campus universitarios, anticipa la implantación de medidas punitivas para las universidades que no cumplan el principio de estabilidad presupuestaria, y limita las incorporaciones de nuevo ingreso en las universidades, que habrán de acomodarse a los que disponga la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público.

La organización que agrupa a los rectores españoles ha recordado el relevante papel que juegan las universidades como elemento clave para el desarrollo del país y ha lamentado que no se haya contado con ellas antes de la aprobación de estas medidas. Ante al actual situación económica, la CRUE ha querido dejar clara su postura, consistente en que se debe garantizar una educación pública superior que resulte accesible para todos los ciudadanos, sin que su situación económica pueda resultar un impedimento para conseguirlo.

Por ello, ante la política de precios públicos propuestos por el ministerio, la CRUE considera que previamente a su implantación se debe garantizar un buen sistema de becas y ayudas al estudio que cumpla criterios de equidad. Y respecto al incremento de los precios de segundas y sucesivas matrícula que recoge el decreto, los rectores piden que este se lleve a cabo de forma progresiva en el tiempo. Hay que tener en cuenta además que con la subida de las tasas la universidad no por ello va a disponer de más recursos, ya que estas se van a compensar con la reducción de las transferencias del dinero público que reciben de las administraciones.

La modificación unilateral del régimen de dedicación del profesorado recogida en el real decreto es asimismo motivo de preocupación en la CRUE, que considera que en ella no se tienen en cuenta aspectos como la dedicación de este colectivo a las funciones de gestión administrativa y de transferencia del conocimiento científico y tecnológico al tejido social y productivo, cuando particularmente esta última resulta imprescindible para el desarrollo social y económico.

Las universidades son conscientes de los difíciles momentos que estamos atravesando y quieren contribuir en la búsqueda de soluciones comunes. Ofrecen por ello su colaboración para que se puedan adoptar decisiones por el conjunto de las administraciones públicas que beneficien el sistema, sin comprometer el futuro de la enseñanza pública superior, más necesaria ahora si cabe que nunca.