El rector José Carrillo está informando a la comunidad universitaria de la "grave" situación que atraviesa la UCM, debido a los recortes presupuestarios, la subida desorbitada de tasas y la promulgación de leyes que restringen su autonomía

Dada la situación que atraviesa en la actualidad la UCM -"la más grave de su historia en los últimos 35 años"-y la importancia de que la comunidad universitaria reciba una información de la manera más directa posible, el rector José Carrillo ha convocado durante este mes de octubre nueve asambleas informativas, celebradas en distintos centros, en las que está explicando cuál es la situación real de la Complutense, qué medidas se están adoptando y cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta la universidad pública. El rector, además, está respondiendo a cuantas preguntas le están haciendo los asistentes.
Según está explicando el rector, la universidad pública en general, y la Complutense aún más dada su actual situación económica, se está enfrentando al "mayor ataque contra la educación pública en la historia de la democracia". Los recortes presupuestarios, la subida desorbitada de tasas y la promulgación de leyes, en especial el Real Decreto 14/2012, que restringen la autonomía universitaria, los derechos de los trabajadores o la negociación colectiva, son los causantes de esta extrema situación.
La Complutense, como indica el rector, tiene además el handicap de partir en peores condiciones que otras universidades, ya que arrastra una deuda de 150 millones de euros, generada entre los años 2007 y 2011, en su mayoría por un déficit estructural en el capítulo I (personal) y en el VI (inversiones). Si el ejercicio de 2010 se cerró con un déficit de 55 millones y el 2011 lo hará con otros 35 millones, el de 2012 debe cerrarse "obligatoriamente" con equilibrio presupuestario. Según ha explicado Carrillo en las asambleas ya celebradas, el presupuesto de 2012, que por primera vez en la historia de esta universidad se aprobó en diciembre del año anterior, ha tenido una previsión de ingresos, y por lo tanto también de gasto, realista, 60 millones de euros menor que los de 2010 y su prorrogado de 2011, lo que garantizaba el equilibrio presupuestario. Sin embargo, a mitad de ejercicio la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo un nuevo recorte de 25,4 millones para este ejercicio y ha anunciado otro de 21,6 millones para 2013, "luego en dos años se han recortado 107 millones, e incluso en una reciente reunión con los gerentes de las universidades, la subdirectora general de universidades les anunció un nuevo recorte para el próximo año en la nominativa del 25 por ciento, que aunque luego han desmentido, nos llevaría a una situación insostenible", señaló Carrillo.

Equilibrio presupuestario
La importancia de cumplir con el equilibrio presupuestario, según explica el rector, es vital, ya que el Real Decreto 14/2012 otorga a las comunidades autónomas en el caso de que las universidades cierren sus presupuestos con déficit la potestad de marcar las directrices de la gestión de las universidades e incluso a imponer alianzas con otras universidades "e incluso empresas, lo que significaría, pongámonos en el peor de los casos, que la gestión de algunas facultades, las más rentables por supuesto, cayeran en manos privadas. Estas -continuó Carrillo- lo primero que harían es echar a todos los profesores no funcionarios y exigir a los funcionarios la impartición de hasta 32 créditos como permite la Ley 14/2012. Esto no lo vamos a permitir. Vamos a cumplir con la estabilidad presupuestaria. Nuestro compromiso es que esta universidad cuando salgamos de este túnel siga siendo una universidad pública de referencia, tanto en la calidad de la docencia y la investigación, como en el empleo", enfatizó el rector.
Para el rector complutense, el Real Decreto 14/2012 es "el mayor golpe a la universidad pública en la historia democracia", y de hecho fue el que justificó el plante de los rectores al ministro de Educación hace unos meses, "en una acción a la que incluso se sumaron los rectores de las universidades privadas y que tuvo un gran impacto en los medios de comunicación". De acuerdo con Carrillo, el RD 14/2012 comete tres grandes "atropellos" contra la universidad pública: fija una horquilla para que las comunidades autónomas incrementen las tasas de manera desorbitada; fija la dedicación del profesorado en niveles que impiden su actividad investigadora y abre la puerta a la empresa privada a la gestión de la universidad pública.

Garantizar calidad y empleo
"¿En esta situación qué podemos hacer? Además de protestar, que hay que hacerlo y seguiremos haciéndolo, y de hecho los rectores estamos viendo la posibilidad de convocar próximamente una gran concentración en defensa de la universidad pública; además hay que tomar medidas para asegurar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y no dar pie a esa intervención. Como venimos haciendo desde junio de 2011 con el plan de eficiencia económica que aprobamos, nos tenemos que apretar todos el cinturón, aunque siempre garantizando la calidad de la docencia y la investigación, y el mantenimiento del empleo, porque aquí no sobra nadie y mandar más gente al paro no soluciona la crisis", señaló el rector en sus intervenciones.
Entre las medidas que el equipo de dirección de la UCM está adoptando, según anunció el rector, figura el reajuste de los salarios de la cúpula administrativa de la universidad, ajustando sus niveles y complementos, medida que además de un ahorro económico, "creemos que es ética y estética y se suma a la modificación de la RPT que hicimos hace un año y que supuso un ahorro de 600.000 euros". Además, se tomarán medidas de ahorro económico en las asignaciones a los vicerrectorados, centros y departamentos, y otras de carácter social, "para las que en breve se abrirá un proceso de negociación con los distintos agentes sociales y sindicales". Por otra parte, el equipo de gobierno está trabajando en la captación de fondos adicionales, y de hecho, según anunció el rector, pronto se cerrarán dos o tres compromisos de mecenazgo importantes.
Tras anunciar que el pago de la nómina del mes de noviembre de los trabajadores complutenses está asegurado, y que están trabajando para asegurar la de diciembre, "lo que sin duda también lograremos", Carrillo explicó que otro aspecto que preocupa al equipo de dirección es saldar la deuda que mantiene la universidad con sus proveedores, y que, por ejemplo, ha provocado que el personal de limpieza no recibiera sus sueldos de las empresas contratistas, situación que ya ha sido solucionada. Para asegurar estos pagos, que en la actualidad llevan un retraso de 18 meses respecto a la fecha de factura, el equipo rectoral maneja varias opciones. La que más cuerpo está tomando es la inclusión, como así se ha solicitado a la Comisión de Política Fiscal y Financiera del Ministerio de Hacienda, de las universidades públicas en el plan de pago a proveedores de las administraciones públicas. "Nuestra argumentación -señala Carrillo- es que si un ayuntamiento como por ejemplo el de Aranjuez, con 40 millones de presupuesto, se ha podido sumar al plan con la justificación de que su impago a los proveedores provoca problemas en el tejido empresarial de su entorno, los que provoca una universidad como la Complutense con un presupuesto de 540 millones son aún mayores. Parece que nos van a dar la razón y las universidades públicas y los hospitales podremos sumarnos al plan, lo que aliviará bastante la situación, ya que nos permitirá administrar la deuda en plazos de diez o quince años".

Subida de tasas
Otro asunto que ha ocupado un lugar destacado en las intervenciones del rector ha sido el de la subida de tasas "desorbitada" que han tenido que hacer frente los universitarios este curso. Además de aclarar que ha sido la Comunidad de Madrid la que ha optado por fijar el mayor precio posible de la horquilla propuesta por el Consejo de Coordinación Universitaria, Carrillo se ha mostrado preocupado por las consecuencias que esta subida está teniendo en la matrícula, que de hecho se ha manifestado en la matriculación en un menor número de créditos de media, y sobre todo en un descenso del 16 por ciento en estudios de posgrado. El mayor descenso de matriculaciones se ha producido en los másteres de investigación, lo que supone un grave riesgo para el futuro de la universidad a medio y largo plazo, ya que estos son los estudios que desembocan en el doctorado. Mientras que un estudiante que se va a matricular en un máster profesionalizante puede pensar que la inversión le merece la pena, quien lo hace en uno de investigación sabe que le espera un futuro bastante negro, más aún ahora que las universidades tienen prohibida la contratación de nuevos docentes. "Con estas tasas tan altas se están cargando también el futuro de la investigación en nuestro país", concluyó el rector".

"Los rectores no hemos subido las tasas"
En sus intervenciones en las asambleas informativas el rector Carrillo está poniendo especial énfasis en aclarar que la desorbitada subida de tasas que han tenido que soportar los estudiantes universitarios este curso, ni mucho menos ha sido por decisión de los rectores. Así, Carrillo está explicando que el artículo 80.3 de la LOU señala que los precios público los fijan las comunidades autónomas dentro de las horquillas fijadas por el Consejo de Coordinación Universitaria, órgano del que no forman parte los rectores. Las horquillas vinieron establecidas en el Real Decreto 14/2012, y la Comunidad de Madrid en su decreto aprobado en julio señaló el precio en la parte más alta del margen, "y aunque en su redacción se diga que ese el precio máximo, las universidades no tenemos potestad alguna para modificarlo y si lo hubiéramos hecho habríamos incurrido en delito de irresponsabilidad contable. De hecho hemos recurrido la redacción de esa ley porque parece que quiere dejar ante la opinión pública la sensación de que hemos sido los rectores quienes hemos subido las tasas y eso es una falacia", concluyó el rector, quien además explicó que la única vez en que fueron consultados sobre la subida de las tasas académicas, ellos contestaron que consideraban que la subida nunca debería hacerse por encima del incremento del IPC, y no de hasta un 86 por ciento, como sucede en algunos grados.