Por Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la UCM y Letrado del Tribuna Constitucional
España ya no es un modelo de transición a la democracia, tenemos la constitución más vieja de Europa. Muchas de sus reglas territoriales se han quedado obsoletas ante las nuevas realidades y experiencias en conflictos o han sido transformadas por la jurisprudencia. Un extendido mito lleva a creer que las constituciones no necesitan ser actualizadas permanentemente mediante la reforma: un camino hacia el suicidio. La Constitución ya apenas lidera un amplio bloque de la constitucionalidad compuesto por diecisiete Estatutos de Autonomía que se reforman constantemente y decenas de leyes. El diagnóstico es sencillo. No tanto qué hacer.
¿Volvemos al viejo centralismo? Después de más de tres décadas, giramos bruscamente de sentido para volver a allí de donde salimos: centralizar las competencias, devolver las transferencias, pretender la muerte civil de los parlamentos autonómicos no remunerando a sus parlamentarios con dignidad... ¿Es ésta una opción sensata y políticamente realizable? El Estado autonómico está consolidado, no es un Estado fallido, y ha funcionado relativamente bien, pero necesita serios ajustes, más aún en tiempos de estabilidad presupuestaria. ¿Empezar procesos de independencia de países pequeños? Afirmarse unas Comunidades Autónomas negando a otras, perdiendo parte de su identidad, dividiendo la sociedad en partes enfrentadas, e iniciando una aventura costosísima hacia la independencia, la soberanía y el Estado nación que son tres cosas en transición en el seno de la Unión Europea. Una larga odisea hacia un lugar que ya no existe.
Reformar la constitución para revisar sus defectos a la vista de la experiencia adquirida es la única opción racional: renovar el pacto y el equilibrio constitucional, dialogando y transigiendo. Ya somos en muchas cosas un Estado federal unitario o un cuasi federalismo -así nos ven desde fuera- salvo la falta de descentralización del poder judicial, la ausencia de participación de las CCAA en la reforma de la Constitución y la inexistencia de un Senado federal. Pero hay muchos tipos de federalismo, ninguno es mejor que otro, y el nuestro debería arrancar de nuestras propias experiencias sin cometer el ingenuo error de Pi y Margall en 1873. Es menester crear un Senado federal, como cámara de discusión de políticas territoriales, clarificar nuestras inabarcables reglas de distribución de competencias, mejorar los mecanismos de colaboración e integración política, alcanzar acuerdos sobre el alcance de la cooficialidad de las lenguas propias, ponernos de acuerdo en los mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas y de solidaridad interterritorial y, sobre todo, introducir en nuestra cultura política una ideología federal basada en hablar claro, tolerar lo extraño y alcanzar compromisos mediante transacciones recíprocas. Como en cualquier Estado de la familia federal. No tenemos otro sitio donde mirarnos.
