Seis de las integrantes del Proyecto I+D+i Iusmigrante (Iuspuniendi e inmigración irregular) son las principales autoras del estudio Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento. Han presentando los resultados en la Facultad de Derecho.

Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la UCM, ha sido la directora y redactora del estudio "Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento". El objetivo principal de este estudio era investigar los perfiles jurídicos y humanos de las personas privadas de libertad en los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).

Reconoció la catedrática que ninguna de las autoras es experta en género y que en principio limitaron el trabajo solo sobre las mujeres porque era "más asequible", ya que el número de los hombres en los CIE es muy superior al de mujeres. Lo que han descubierto en su estudio es "que los CIE esconden una tragedia humanitaria con todas las letras".

¿Quién puede ser internado?
Según Victoria García del Blanco, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, "se está haciendo un uso abusivo de la expulsión e internamiento por estancia irregular". Al parecer la Ley de Extranjería establece que para infracciones administrativas, como la estancia irregular en un país, se aplique una multa con carácter general y la expulsión de manera excepcional. Según García del Blanco en la mayoría de los supuestos no sería necesaria ninguna medida, ni siquiera cautelar y mucho menos el internamiento, que es solo una de las posibilidades, aunque sea la que se aplique de la manera más habitual.

Martínez Escamilla informa de que según el Ministerio del Interior la mayoría de las personas en los CIE han cometido delitos y los expulsados lo son por causas penales. Para comprobar si era así pidieron datos a la Dirección General de la Policía sobre las mujeres internadas en el CIE de Aluche, en el que realizaron el estudio.

Menos delitos de los previstos
Raquel Benito López, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, asevera que con los datos de la Policía comprobaron que de las 195 internadas en el primer semestre de 2012, 153 estaban allí por estancia irregular. A esas mujeres internadas por infracción administrativa hay que añadirles las ingresadas por acceder a España de manera irregular o las que ya habían sido expulsadas de manera administrativa. Ese grupo de mujeres suponen el 92 por ciento de las internadas. Es decir que 9 de cada 10 mujeres en el CIE no estaban allí por ninguna actividad delictiva.

Con estos datos de la Policía se desmienten los del Ministerio del Interior, "o puede ser que las mujeres sean tratadas con más severidad que los hombres". Margarita Martínez Escamilla asegura que no sabe si la interpretación del Ministerio es maliciosa o si es una simple chapuza. Lo que tiene claro es que las cifras son opacas y también lo es el interior de los propios CIE.

Expulsiones cualificadas
La abogada Carmen José Segovia fue la encargada de analizar el número de expulsiones cualificadas. Están consideradas así las "repatriaciones de delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad que supone una amenaza para la seguridad pública".

El Ministerio del Interior considera que cualificadas son un 87 por ciento de las expulsiones, pero según Segovia no incluye, "y no hay razón para no hacerlo, las denominadas expulsiones y devoluciones". Si se tienen en cuenta estas últimas las denominadas expulsiones cualificadas disminuirían del 87 por ciento al 49,46 por ciento.

Arraigadas y expulsadas
La abogada Pilar Sánchez Álvarez relata que hay incluso niñas que han crecido en España y que al hacerse mujeres son detenidas e internadas para ser expulsadas.

Incluso se dan caso de madres de hijos nacidos en España que sienten la amenaza de su expulsión, cuando eso está prohibido por ley e incluso está tipificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afirma que el derecho a la vida privada y familiar es un límite a la expulsión.

Martínez Escamilla concluyó solicitando que el internamiento sea cautelar y proporcional y que se deje de abusar de esta medida de una manera tan drástica. Considera la catedrática que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial deberían prestar más atención y poner medidas para evitar estos internamientos.

La entrevista en profundidad
El método elegido por las investigadoras fue la entrevista en profundidad a las mujeres internadas en el CIE de Aluche. Consiguieron la autorización para las entrevistas en enero de 2012 y comenzaron con ellas. Todo fue bien hasta que en marzo de ese mismo año el director les dijo que ya no podían seguir con el trabajo de campo por que se había producido un cambio en el organigrama del Ministerio de Interior. Contactaron con los nuevos responsables para solicitar el permiso para seguir con el trabajo, pero desde ese momento hasta hoy no las han contestado.

Margarita Martínez Escamilla opina que el hecho de que no las hayan dejado seguir con las entrevistas puede ser también una conclusión, "ya que pone de manifiesto el hermetismo y la opacidad incluso ante proyectos universitarios". Según la catedrática de Derecho Penal "la falta de transparencia sólo genera preocupación de las personas internadas en los CIE y que en un momento dado son expulsadas". Algo que ocurre con rapidez porque no se puede estar internado más de 60 días.

A pesar de las cortapisas lograron realizar 24 entrevistas. Reconocen las autoras que no fue suficiente y tuvieron que recurrir a otras fuentes y otras metodologías para completar el estudio, pero aún así entre las entrevistadas dieron con algún caso llamativo pero no excepcional: una de las mujeres que estaba a la espera de ser expulsada era una brasileña que había sido víctima de trata.

Según la abogada Pilar Sánchez, las entrevistas más duras fueron las realizadas con mujeres subsaharianas porque su periplo "incluye violencia sexual de todo tipo". Ni siquiera saben si tenían abogado en su comparecencia, desconocen sus derechos y no son informadas de ellos, y en los CIE no cuentan con intérprete, con lo que se encuentran en una situación de indefensión permanente. "Hay una mala praxis de los profesionales y lo digo yo que soy abogada", reconoce Sánchez.