En un acto sin precedentes, el pasado 8 de octubre en el Círculo de Bellas Artes, los rectores de las seis universidades públicas madrileñas, acompañados por gran parte de los miembros de sus consejos de Gobierno, hicieron público un comunicado en defensa de la Universidad pública.

El comunicado de los rectores madrileños contiene siete peticiones expresas dirigidas tanto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como a la Comunidad de Madrid. En el primero de estos puntos, los rectores madrileños solicitan la derogación del Decreto de la Comunidad de Madrid 60/2013, de 18 de julio, en el que se establecen las cuantías de las tasas universitarias en los centros madrileños para el curso 2013/14. "El aumento de las tasas universitarias establecidas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para los cursos 2012-2013 y 2013-2014 suponen un claro deterioro de la equidad social y un serio atentado contra el principio de igualdad de oportunidades. Asimismo -continúa el comunicado- mostramos nuestra disconformidad con las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las becas universitarias, así como por la situación de desigualdad entre las universidades de las diversas Comunidades Autónomas que ha propiciado el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril. Este Real Decreto Ley ha producido un mayor distanciamiento entre las condiciones de financiación de las universidades públicas españolas y el acceso a los estudios universitarios de los españoles residentes en distintas regiones del territorio nacional".
Las tasas fijadas por la Comunidad de Madrid no solo han supuesto un incremento medio del 65 por ciento en los dos últimos cursos, sino que además han situado a los universitarios madrileños como los que más pagan por realizar sus estudios. "Es un ataque frontal al estudiantado", señala el presidente de los consejos de estudiantes de las universidades públicas de Madrid, Luis Cereijo. "Son lesivas para las familias con mayores dificultades económicas y para la propia sostenibilidad financiera de las universidades públicas", añaden los rectores en su comunicado. Y es que si estudiar una carrera como Derecho en Madrid cuesta 1.620 euros hacerlo en otros lugares de España supone para los bolsillos de los estudiantes apenas 590 euros. "En la Politécnica -asegura el rector de esta universidad, Carlos Conde, hemos hecho un estudio comparativo sobre lo que le costaba a un estudiante medio cursar una ingeniería, y si en 2011 pagaba de tasas 1.700 euros, en 2013 debe abonar 4.300".
La desproporcionada subida de tasas, acompañada del endurecimiento de las condiciones para la concesión de becas, sitúa a muchos estudiantes en la obligación de tener que dejar los estudios o, al menos ralentizarlos al solo poder matricularse de un número reducido de créditos (El rector Carrillo adelantó que este curso se han matriculado 800.000 créditos menos, una media de 12 menos por estudiante). Las universidades, además de estar creando fondos de ayuda para los estudiantes en peores condiciones económicas, reclaman a la Comunidad de Madrid que cumpla la promesa que el pasado mes de julio hicieron a los rectores tanto el presidente madrileño Ignacio González como su consejera de Educación, Cultura y Deporte, Lucía Figar, "de que -señala el punto 2 del comunicado- ningún estudiante de las universidades públicas madrileñas se vería expulsado del sistema universitario por dificultades económicas. Las Universidades carecemos de recursos propios para afrontar programas de tipo asistencial o de becas que puedan paliar las duras circunstancias económicas por las que atraviesan las familias de muchos de nuestros estudiantes, y entendemos que es responsabilidad de las administraciones públicas afrontar la resolución de este problema".
En este sentido, el Consejo de Gobierno de la UCM ha aprobado recientemente la puesta en marcha de mecanismos de captación de recursos para dotar un fondo de ayuda a los estudiantes que estén en peor situación económica. Iniciativa, que según señalaron los rectores, se va a poner en marcha también en el resto de universidades.
En el tercer punto del comunicado, los rectores anuncian que han requerido a la Comunidad de Madrid el pago de más de 21 millones de euros. De acuerdo con los rectores la "ley impone a las Comunidades Autónomas en orden a abonar a las Universidades la diferencia económica que se produce, en las becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre el importe financiado por este y el coste real de las tasas de matrícula (establecidas por cada Comunidad Autónoma). La Ley establece que esta diferencia debe ser costeada y abonada por cada Comunidad Autónoma a sus universidades, algo que hasta la fecha no ha hecho la Comunidad de Madrid". Los rectores anunciaron que reclamarán judicialmente esa deuda, que en el caso de la UCM asciende a 8 millones de euros.
Estos 21 millones no son la única reclamación judicial que los rectores hacen a la Comunidad. De hecho, el conjunto de las universidades han reclamado por esta vía más de 500 millones, en su mayor parte, derivados del incumplimiento por parte de la Comunidad del plan de inversiones firmado para el periodo 2007-2011. Las sentencias están dando la razón a las universidades y, de hecho, la UCM tiene reconocido en sentencia firme el abono de alrededor de 100 millones de euros. Los rectores solicitan a las autoridades madrileñas que no agoten el lento proceso judicial para abonar esta deuda. Asimismo, reclaman al Gobierno de Madrid que no lleve a cabo un nuevo recorte en la financiación universitaria -la consejera Figar lo ha cifrado en torno a los 55 millones- y en su lugar, y "en estrecha colaboración y negociación con sus universidades públicas", diseñe un modelo de financiación que "dote de los recursos y de los mecanismos adecuados a las Universidades, con las debidas garantías de rendición de cuentas y transparencia, para afrontar la planificación de los próximos años. No es posible elaborar proyectos serios de futuro, ni garantizar la calidad de las universidades madrileñas, si no se proporcionan los instrumentos necesarios para hacer programaciones a medio y largo plazo, pues las improvisaciones anuales no permiten la sostenibilidad del sistema", concluye el comunicado, que también, en su punto 5, muestra el firme rechazo a los recortes en investigación e innovación y se adhiere a todos los manifiestos y declaraciones suscritas por diversos colectivos y asociaciones de científicos. "Las medidas aplicadas tanto por el Gobierno de España como por los Gobiernos autonómicos están ahogando la investigación en España, y dilapidando recursos humanos y materiales de primer orden mundial, además de condenar al exilio científico a miles de jóvenes investigadores".